Violencias basadas en género: una cuestión de democracia y derechos humanos

Mucho antes de que llegara el Covid-19, la violencia basada en género (VBG) era reconocida como una pandemia mundial y una de las violaciones de derechos humanos más sistemáticas. Las mujeres y las niñas son las más afectadas por las violencias basadas en género; tanto así que 1 de cada 3 mujeres experimentará algo de VBG en su vida; sin embargo, los niños, los hombres y las personas con identidades de género y orientaciones sexuales no hegemónicas también experimentan este tipo de violencias en su vida diaria. Por eso las VBG se consideran una cuestión de derechos humanos y democracia, y es asunto de todas las personas.

Para abordar esta preocupación global, se necesitan medidas globales. En 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW). Este tratado es considerado el acuerdo internacional más completo sobre los derechos humanos fundamentales de las mujeres en su diversidad, y hasta ahora, 189 países han ratificado la CEDAW. Sin embargo, más de 40 años después de la adopción de la Convención, las violencias basadas en género siguen siendo uno de los mayores obstáculos para lograr la igualdad de género a nivel mundial.

Hasta 1979, las mujeres no eran consideradas seres humanos con derechos. En 1993, en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, las mujeres fueron reconocidas como titulares de derechos y derecho internacional en Viena. En consecuencia, en 1999 se oficializó el día internacional contra las violencias basadas en género como un llamado a la acción global para prevenir y poner fin a este tipo de violencias. Pero, ¿por qué conmemoramos esta fecha en concreto? Remontándonos a 1950 en República Dominicana, las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, fueron tres reconocidas activistas contra el régimen dictatorial de Rafael Trujillo. Las Hermanas Mirabal se opusieron activamente al régimen violento cruel y sistemático de Trujillo y lideraron un movimiento para desafiar su poder. El 25 de noviembre de 1960, las tres hermanas fueron asesinadas.

Las violencias basadas en género afectan los derechos de todas las personas; viola los derechos humanos, por ser una flagrante transgresión de los principios consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal (artículo 3); del derecho a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (artículo 5); del derecho a la igualdad ante la ley ya la igualdad de protección ante la ley (artículo 7); del derecho a un juicio justo (artículos 8 y 10); del derecho a la libertad de circulación (artículo 13) y la libertad de reunión y asociación (artículo 20). De hecho, las violencias basadas en género es uno de los mecanismos más importantes a través del cual mujeres, niñas y personas con identidades de género y orientaciones sexuales no hegemónicas son subordinadas y controladas, exacerbando las brechas de justicia y desigualdad para ellas.

Lo anterior está relacionado con cuestiones de democracia. El caso de las hermanas Mirabal ilustra por qué las violencias basadas en género son una cuestión de democracia, ya que evidencia cómo las violencias ejercidas sobre mujeres, niñas y personas con identidades de género y orientaciones sexuales no hegemónicas no son involuntarias, tienen como objetivo primordial seguir ejerciendo el poder y restringiendo la participación de estas personas en los espacios públicos. Asimismo, en contextos de guerra y conflicto, los cuerpos de mujeres y niñas se utilizan como botín de guerra, como territorios que pueden ser invadidos; y estos no son tipos de violencia que afectan solo a la víctima de manera individual, sino que envía un fuerte mensaje simbólico a todo un grupo de personas, organizaciones y comunidades, silencia su voz como medida disciplinaria que pretende mantener un sistema patriarcal y la regla de poder basada en el género.

Como resultado, tanto los gobiernos como todas las personas deben tomar acciones contra las VBG para prevenirlas y respoder antes ellas, dado que las violencias basadas en género restringen severamente la capacidad de las víctimas para participar en la sociedad e influye en la toma de decisiones que afectan sus vidas. En este sentido, es necesario realizar una serie de acciones que contribuyan a proteger a las mujeres, niñas y personas con identidades de género y orientaciones sexuales no hegemónicas para todo tipo de violencia, así como implementar medidas efectivas para abordar patrones culturales y simbólicos que conferir legitimidad a la violencia de género.

A continuación se presentan algunas sugerencias:

1. Reconocer los compromisos internacionales en materia de VBG (CEDAW, CDN, X Conferencia Regional de Mujeres de América Latina y el Caribe, ODS 5 de la Agenda 2030, etc.) para incorporar estándares y principios dentro de las acciones de los Estados;
2. Campañas y políticas nacionales para transformar las representaciones sociales que permiten la discriminación y violencia de género contra mujeres, niñas y personas con identidades de género y orientaciones sexuales no hegemónicas;
3. Ampliar los servicios integrales, accesibles y de calidad para sobrevivientes de violencia de género;
4. Brindar apoyo legal gratuito y de calidad a las víctimas;
5. Garantizar la debida diligencia en los casos de violencias basadas en género que permitan el acceso a la justicia y garantías de no repetición.

Las violencias basadas en género contra mujeres, niñas y personas con identidades de género y orientaciones sexuales no hegemónicas es asunto de todas las personas, por lo tanto, transformar nuestras sociedades, lograr la igualdad de género y fomentar el respeto a la dignidad y los derechos humanos de todos los seres humanos, independientemente de su género, requiere que todos y todas actuemos activamente contra todas las formas de las VBG. Todas las personas somos agentes de este cambio tan necesario.